Odebrecht coimeó a los Humala con US$3 millones. Pero, Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás alistan demanda internacional de US$2,000 millones contra el Perú por el Gasoducto.
Abrumadora evidencia sugiere que Odebrecht obtuvo la concesión del Gasoducto del Sur gracias a los US$3 millones de coima camuflada que entregó a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero, en el colmo del descaro, Odebrecht, Graña y Montero y Enagás alistan una demanda internacional de US$2,000 millones contra el Perú por el Gasoducto. Peor aún, la ineptitud del gobierno de PPK generaría US$200 millones adicionales de pérdida para el país.El 23 de enero de 2017, la concesión del Gasoducto caducó porque el consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás incumplió con el cierre financiero. Estas empresas, que no consiguieron plata para continuar con el proyecto por el escándalo Lava Jato, aducen haber invertido cerca de US$1,400 millones. De acuerdo con el contrato, el Estado tenía un año de plazo para subastar los bienes de la concesión y pagarles al menos 72.25% de la inversión efectivamente realizada. El Estado también podría activar la cláusula anti-corrupción, en cuyo caso serían más bien Odebrecht y sus socias las que tendrían que pagar una reparación civil.
Pero, el gobierno de PPK ha desperdiciado olímpicamente los últimos doce meses: no ha subastado los bienes de la concesión ni ha activado la cláusula anticorrupción. El gobierno se ha movido con pies de plomo: apenas hace tres semanas ha recuperado el control del Gasoducto. Hasta la fecha, ni siquiera se ha contratado peritos que certifiquen el valor real de la inversión de Odebrecht y sus socias. Es imposible que el Estado cumpla con subastar la concesión antes del 23 de enero de 2018.
La inacción del gobierno abre la puerta a que Odebrecht, Graña y Montero y Enagás demanden internacionalmente al Perú por daños y perjuicios y para recuperar su inversión en el Gasoducto. Ha trascendido que estas empresas ya han contratado abogados en Estados Unidos para entablar una demanda de al menos US$2,000 millones.
En abril de 2017, el gobierno contrató a una empresa por US$46 millones para que administre los bienes de la concesión. Pero, ¿De qué puede haber servido esta contratación si los bienes seguían bajo el control de Odebrecht hasta hace pocos días? Además, aunque parezca increíble, Odebrecht y Graña y Montero le deben US$154 millones a Cofide por el Gasoducto. La probabilidad de que paguen sus préstamos si demandan al Perú es cercana a cero. Así, la incapacidad del gobierno causaría una pérdida adicional de US$200 millones del dinero del ciudadano.
Es un misterio por qué el gobierno de PPK no ha activado la cláusula anticorrupción. Esta cláusula, página 36 del contrato, estipula que la concesión es inválida si los representantes o agentes de Odebrecht y sus socias hubieran pagado o intentado pagar una coima. ¿Saben en el gobierno que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata ya han confesado que les dieron US$3 millones a los Humala? ¿Se han enterado que, de acuerdo con un colaborador eficaz, Nadine Heredia movió cielo y tierra en el MEM y en Proinversión para direccionar el Gasoducto en favor de Odebrecht? ¿Conocen que, debido a la presión de los Humala, el proyecto pasó de costar US$1,300 millones el 2008 a US$7,300 millones el 2014? ¿Alguien les ha contado que el 2008 el riesgo lo corría el inversionista privado pero que el 2014, por obra y gracia de los Humala, Odebrecht y sus socias tenían ingresos garantizados de US$912 millones por año, hubiera o no gas o demanda, que se pagaban con los recibos de luz?
¿Están enterados en el gobierno que, según el fiscal Reynaldo Abia, el consorcio liderado por Odebrecht obtuvo la concesión de manera irregular? ¿Saben que el Ministerio Público ya ha denunciado a Edgard Ramírez de Proinversión y Claudia Hokama de Odebrecht por colusión y negociación incompatible? ¿Tienen conocimiento que Jorge Ramírez, Procurador Ad Hoc para el caso Lava Jato del propio gobierno, ha estimado que Odebrecht, Graña y Enagás deben pagar S/. 1,480 millones de reparación civil por el perjuicio causado al Perú por el Gasoducto?
Al activar la cláusula anticorrupción, el Estado hubiera tomado el control de los bienes del Gasoducto sin tener que pagarles un centavo a Odebrecht y sus socias. Ello hubiese permitido asegurar el pago de la reparación civil y los adeudos a Cofide. Además, el gobierno hubiera tenido un arma valiosa de negociación: ofrecer a representantes de Odebrecht parte de la inversión de su empresa en el Gasoducto a cambio de una confesión completa y sin tapujos sobre qué políticos, empresarios, economistas, abogados y periodistas formaban parte de su red de corrupción.
El Gasoducto hubiera sido el robo más grande en la historia de la República. La pérdida social de los ingresos garantizados, en valor presente, era mayor a US$11,000 millones. ¿Por qué el gobierno de PPK ha desperdiciado una oportunidad de oro para obtener la reparación civil y negociar con Odebrecht? ¿Por qué la estrategia del gobierno, o la ausencia de la misma, solo parece beneficiar a Odebrecht, Graña y Montero, Enagás y la impunidad? ¿Cuántos años más tendrá que esperar el Sur por un Gasoducto que no signifique estafar al ciudadano?
Juan Mendoza, 3 de enero de 2018